Os pleitos en Sanxenxo

A raíz dunha noticia que sae hoxe publicada no País co seguinte titular: 

El bufete de un asesor de Hernández pleitea contra derribos de la Xunta

El despacho tramita reclamaciones millonarias a la Consellería de Territorio

José Luis Narbón es vocal de la Comisión de Urbanismo de Galicia por libre designación del conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Agustín Hernández, desde 2009. Este mismo departamento le encargó por el procedimiento negociado sin publicidad y sin mesa "un estudio sobre el panorama del derecho urbanístico español" por el que percibió 67.260 euros. Pero el dinero que percibió de la Xunta y sus estrechos vínculos con la consellería, no han impedido que su bufete siga pleiteando contra las demoliciones que ordena la Administración gallega. De un lado, Narbón asesora a Hernández. Por otro, su bufete se querella contra la consellería que preside, en ocasiones, con el único propósito de obtener indemnizaciones millonarias para clientes que han vulnerado las leyes urbanísticas, según consta en numerosas sentencias contra las que ya no cabe recurso.

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Dedicalle o seguinte apartado a Sanxenxo:

Letrado de Sanxenxo

Los manejos jurídico-urbanísticos de Narbón en la Xunta vienen de antaño. Es uno de los redactores de la Ley 9/2002 de ordenación urbanística y protección del medio rural de Galicia, que modificó, cuando el fallecido Xosé Cuiña aún era conselleiro de Territorio, la legislación urbanística gallega para que permitiese regularizar edificaciones ilegales. La norma otorga un importante grado de discrecionalidad a la Administración.
Conocedor del texto de la ley y de su espirítu, estos últimos años Narbón hizo caja asesorando a ayuntamientos tan laxos en la concepción del urbanismo como el de Sanxenxo, al que le facturó 345.000 euros como asesor externo, entre los cobros que recibió a su nombre y los que registró a través de su bufete. Los pagos de Sanxenxo a Narbón alcanzaron de media 86.500 euros al año entre los ejercicios de 2006 a 2009. Una cantidad muy similar percibió el año pasado, 84.600 euros, a raíz de un convenio firmado en marzo de 2010 por la alcaldesa, Catalina Gómez, según el cual el letrado se comprometió a ejercer las labores de asistencia jurídica y asesoría.
Además de la factura que emite su despacho por cada pleito mantiene desde 2007 un sueldo de 1.000 euros mensuales en concepto de asesoría jurídica.