"Una sentencia obliga al Concello a devolver los 3,8 millones abonados por las promotoras del SU 13
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| Los dos SU de Monte Faro están judicializados. E. moldes |
Basándose en un informe de la entonces gerente de Urbanismo y secretaria xeral de Urbanismo dependiente de la Consellería do Territorio, Encarnación Rivas, la jueza considera probado que el acuerdo suscrito en diciembre de 2006 y ratificado mediante un convenio urbanístico en febrero de 2007, no implicaba una “cesión voluntaria” de las promotoras al Concello, sino una valoración de la exención de reserva de suelo para la construcción de viviendas de protección.
Y precisamente en este sentido iba el recurso de reposición presentado ya en diciembre de 2006 por el BNG, que fue desestimado por la Xerencia de Urbanismo.
La sentencia recoge claramente que una resolución de la Xerencia de Urbanismo de fecha 15 de diciembre de 2006 -siendo concejal de Urbanismo, Francisco Villaverde, que ahora volverá a ser miembro de la Corporación de Sanxenxo como número tres de Agrupación Liberal- acepta el cambio, de desarrollo del suelo, de sistema de iniciativa pública a privada y presta conformidad al desarrollo del SU 13 por el sistema de actuación por compensación. “Asimismo, en ese acuerdo se exime al Plan Parcial del Sector al estándar de reserva de suelo para viviendas sometidas a algún régimen de protección en los términos previstos en la Louga. La resolución contiene una condición: la entrega por las solicitantes de la cantidad de 3.830.692 euros a cargo de la iniciativa privada que solicitaba el cambio de sistema con un plazo de 10 días”.
La Resolución fue firmada cinco días antes de que el entonces alcalde del Partido Popular anunciase su marcha a Pontevedra con el objetivo de optar a la Alcaldía de la ciudad del Lérez. Dos meses más tarde Catalina González, dos meses después de haber sido nombrada alcaldesa, ratifica un convenio urbanístico tutelado por el entonces responsable de este área.
Y en el convenio, recogido casi íntegramente en la sentencia, se acepta la Resolución del 15 de diciembre de 2006, en la que se “acuerda la modalización de la obligación de reserva de suelo”. El 27 de marzo de 2007 las partes firman un documento complementario en el que, según recoge la sentencia, desaparece la mención recogida en el convenio inicial “al respecto de la participación desinteresada de la propiedad en los proyectos de la colectividad”. Ese mismo mes emite un informe el arquitecto municipal en el que indica que el convenio “viene referido exclusivamente a la supresión de la reserva de viviendas sometidas a algún régimen de viviendas protegidas, estableciendo una compensación económica voluntaria”.
La entrada en vigor de la nueva ley hace que la Xerencia comunique, el 20 de noviembre de 2008 a las promotoras, que el Plan Parcial deberá incorporar la reserva cuya exención se le había aplicado anteriormente y les requiere para que presenten el oportuno documento reformado de Plan Parcial, en el que se incluye la reserva de suelo. Lo hacen en enero de 2009 y seis meses después solicitan al Concello la devolución de la cantidad abonada en su día. Comienza así un proceso judicial que con esta sentencia vive un paso más pero que todavía no ha llegado a su fin, ya que Catalina González tiene intención de agotar la vía judicial en defensa “de los intereses de Sanxenxo”, teniendo en cuenta sobre todo la delicada situación económica en la que quedaría la administración local si tiene que hacer frente al desembolso de 3,8 millones de euros."