"El fiscal ve indicios de prevaricación urbanística en licencias de Sanxenxo"
La alcaldesa desoyó un informe vinculante de la Xunta contra varios chalés
El ministerio público solicita nuevas diligencias a la Guardia Civil
Noticia completa:
Dos meses después de que la secretaria judicial requiriera al Ayuntamiento de Sanxenxo la entrega de cinco expedientes de obras que fueron denunciadas por particulares, el fiscal ha hallado indicios de presuntos delitos urbanísticos y de prevaricación en al menos dos de ellas. Antes de formular acusación, David Lafuente, fiscal especial de delitos urbanísticos de Pontevedra, ha solicitado la práctica de nuevas diligencias al Grupo de Delincuencia Urbanística de la Guardia Civil encargado de los casos. Según fuentes de la investigación, todos ellos siguen una misma trayectoria: concesión de licencias, denuncias vecinales y expedientes de reposición de la legalidad.
De los expedientes recabados en la Xerencia Municipal de Urbanismo de Sanxenxo, el Ministerio Público ha analizado el que hace referencia a la construcción de cuatro chalés en Dorrón por la promotora Ferro Mesego C. B. y la construcción de tres viviendas en Bascuas, promovidas por la constructora Caneleiro Inversión. Según la documentación que analizó la fiscalía, la primera licencia había sido denegada en 2006, cuando se solicitó, porque entraba en colisión con el informe vinculante de la delegación provincial de la Consellería de Sanidade, al no respetarse la distancia de 50 metros exigida entre las construcciones y el cementerio que allí se ubica. El alcalde de Sanxenxo era entonces Telmo Martín, del Partido Popular.
Una vez archivado el expediente, y transcurrido un año, la empresa volvió a solicitar licencia. Así, el 21 de agosto, la funcionaria Belén Louro Pais emitió un informe jurídico en sentido favorable a la ejecución de las obras, teniendo en cuenta el visto bueno del arquitecto técnico municipal. Con ambos dictámenes favorables, la actual alcaldesa, Catalina González, también del PP, dictó una resolución concediendo la licencia para la construcción de los chalés de Dorrón, revocando su anulación inicial, y las obras comenzaron.
Pero la reacción de los vecinos de la parroquia fue inmediata, hasta tal punto que la alcaldesa se vio obligada a desactivar la concesión ante las denuncias de entidades y asociaciones que entraron en el Ayuntamiento exigiendo la reposición del expediente. Los técnicos han alegado que el promotor no se ajustó al proyecto inicial, pero el constructor ha reclamado por vía judicial una indemnización al Ayuntamiento por daños y perjuicios de esta paralización de en torno a los 600.000 euros.
El expediente de Bascuas, también denunciado, se inició en 2007 con la solicitud de licencia de segregación de una finca matriz en tres parcelas para la construcción de sendas viviendas unifamiliares. Con todos los informes técnicos y jurídicos favorables se concedió licencia. A diferencia de los chalés de Dorrón, que no llegaron a terminarse por la paralización de las obras, en Bascuas el Ayuntamiento incluso emitió el certificado de fin de obra y licencia de primera ocupación en dos de ellos. En medio de las denuncias vecinales por esta construcción se incoó un expediente de reposición de la legalidad urbanística, porque al menos uno de los chalés incumple la normativa de los accesos.
El resto de los expedientes que se están analizando también hacen referencia a la licencia de construcción de otros chalés en Dorrón, solicitada por la promotora Lucasor, igualmente denunciadas ante el Ayuntamiento. Otra de las polémicas obras denunciadas por los vecinos fue promovida en 2005 por Construcciones Balboa y Chan. Se trata de un edificio de dos bloques de viviendas en la calle Progreso que obtuvieron licencia de primera ocupación en mayo de 2009. La denuncia de un colindante desembocó en una orden judicial de derribo que el Ayuntamiento tuvo que acatar, por lo que ahora debe ejecutar su demolición.
Por último, la investigación judicial se centra en el chalé del aparejador municipal en Padriñán. El técnico ejecutó cambios en el proyecto sin tener la licencia para construir “un cuarto de instalaciones”, obras que fueron paralizadas cuando fue denunciado en el Ayuntamiento.
Cerco a Catalina González
Mientras se efectúan las diligencias previas de estos cinco expedientes urbanísticos, otras denuncias en las que igualmente se cuestiona la concesión de licencias en Sanxenxo están en riesgo de judicializarse. De hecho, en el Ayuntamiento se han requerido las copias de hasta 200 expedientes por particulares. Un acoso contra la alcaldesa que, según fuentes allegadas a Catalina González, responden a “intereses personales y revanchas políticas”.
Ante este panorama, su comparecencia y la de los técnicos competentes en la Xerencia de Urbanismo en los juzgados de Cambados parece inevitable. La propia alcaldesa ya había vaticinado que este aluvión de denuncias iba a producirse cuando los primeros cinco expedientes fueron reclamados por la Guardia Civil, en febrero pasado. González admitió entonces posibles “fallos”, pero afirmó que ninguna actuación del gobierno local podía tacharse de “corrupción o negocio” y que todas estaban avaladas por el dictamen de los técnicos. La alcaldesa alegó que Sanxenxo es un municipio urbanísticamente “muy activo” y denunció una clara “intencionalidad” de denunciantes que han insistido en obtener licencia, a los que se les negó por no contar con accesos a la vía pública y encontrarse en suelo rústico.
