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por un "conflicto urbanístico" en Sanxenxo
El BNG pide una comisión para investigar al jefe territorial de Medio Ambiente en Pontevedra
El Grupo Parlamentario del BNG ha presentado una iniciativa en la Cámara gallega por la cual reclama que se constituya una comisión de investigación para indagar sobre el "conflicto urbanístico" de la localidad pontevedresa de Sanxenxo y, en concreto, acerca de las actuaciones del actual jefe territorial de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, José Luis Díez Yáñez, cuando trabajaba para la empresa privada.
En concreto, los nacionalistas se refieren a la construcción de una urbanización de lujo por parte de una empresa de la que el alto cargo era apoderado en su momento, y que pertenecía al grupo Sedesa --"implicada en el Gürtel"--, y que renunció a hacer vivienda protegida en ese espacio.
Debido a esa situación, pagó 4,7 millones por la monetarización correspondiente por el proyecto, pero, con la aprobación de la Ley de medidas urgentes --que elimina exenciones para evitar reservar el 20 por ciento a vivienda protegida--, la constructora interpuso un contencioso-administrativo contra el Ayuntamiento de Sanxenxo para reclamar la devolución de esa cuantía.
En rueda de prensa, el diputado por la provincia de Pontevedra Bieito Lobeira y el portavoz del Bloque en Sanxenxo y candidato a la Alcaldía, David Otero, además de pedir esta comisión de investigación vía proposición no de ley (el BNG no tiene capacidad --se necesita un mínimo de 15 diputados-- para que se debata directamente la creación de este órgano parlamentario), también reclamaron el "cese" del jefe territorial en Pontevedra, tanto como jefe territorial, como de su cargo de presidente de la comisión provincial de vivienda del Instituto Galego de Vivenda e Solo.
SUCESIÓN DE HECHOS
Los nacionalistas explicaron que el 22 de noviembre de 2006, cuando el actual candidato del PP a la Alcaldía de Pontevedra, Telmo Martín, era regidor de Sanxenxo (dos semanas después abandonó esta responsabilidad) y la actual secretaria xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo y gerente de urbanismo entonces en ese ayuntamiento Encarnación Rivas, firmaron un convenio para construir 1.330 viviendas de lujo en Monte Faro, cerca de un campo de golf, a la empresa Mirador Sanxenxo. A cambio de que la promotora no tuviese que construir vivienda protegida en ese complejo, el ayuntamiento ingresó 4.797.796 euros.
Mirador Sanxenxo S.L. pertenece al grupo Sedesa, "implicada" en el caso Gürtel. El administrador único era "Vicente Cotino Escriba" y se nombró como "apoderado único" a José Luis Díez Yáñez, según explicó David Otero. Los nacionalistas recuerdan que el ahora jefe territorial, con anterioridad a ese apoderamiento había ejercido otros cargos de responsabilidad político como delegado provincial y director xeral de la Consellería de Medio Ambiente con el Gobierno de Manuel Fraga.
Cuando se aprobó el proyecto, puesto que el plan de ordenación de Sanxenxo no estaba adaptado a la Ley de Ordenación Urbanística de 2002, los desarrollos urbanísticos no estaban sujetos a incluir viviendas de protección oficial, pero la ley de medidas urgentes en materia de vivienda y suelo modificó la anterior normativa, lo que obligaba a esa reserva.
En este contexto, según han relatado los nacionalistas, Mirador Sanxenxo S.L. presentó un recurso de reposición solicitando la devolución del dinero ingresado al ayuntamiento, firmado por José Luis Díez Yáñez", y con fecha del 11 de septiembre de 2009, cuando ya había asumido el PP las riendas de la Xunta. La constructora interpuso, finalmente, un contencioso-administrativo contra el ayuntamiento.
Con posterioridad, en agosto de 2010, José Luis Díez Yáñez fue nombrado jefe territorial en Pontevedra de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas y presidente de la Comisión Provincial de Vivenda do Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS).
"ÉTICAMENTE REPROBABLE"
"Es éticamente reprobable, legalmente investigable y políticamente intolerable", ha manifestado el parlamentario nacionalista en su intervención, quien ha cuestionado que la misma persona que "combatió la existencia de vivienda pública" en Sanxenxo se encargue ahora de gestionar este mismo extremo en la comisión de IGVS. "Es evidente que existe una incompatibilidad clara", ha recalcado.
Para Bieito Lobeira, es necesario "acabar de una vez con la impunidad del PP en materia urbanística" y llamó la atención sobre que en este punto siempre haya "los mismos nombres: Telmo Marín, Agustín Hernández --conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas--, y José Luis Díez Yáñez".
En este línea se pronunció el portavoz del BNG en ese Ayuntamiento pontevedrés al denunciar la "colaboración necesaria del PP en Galicia y a nivel estatal en estos negocios y los cruces entre lo público y lo privado". Además, también advirtió de la "colaboración" en la situación "gravísima" que vive el ayuntamiento de la actual alcaldesa de Sanxenxo, Catalina González.
David Otero ha reivindicado "una buena imagen" para el ayuntamiento de Sanxenxo frente a la situación de la que culpa a los populares y advierte de que la devolución de los 4,7 millones de euros dejaría las arcas municipales prácticamente "en quiebra".
Esperemos agora que o PP non se negue a esta comisión de investigación, porque opoñerse a unha comisión de investigación é sinal de que algo hai e non interesa que se sepa. Porque unha cousa esta clara o inocente non ten medo de que o investiguen pois nada ten que ocultar, pero cando neste tipo petición se vota en contra da comisión
que se prentede con elo?
