jueves, 31 de mayo de 2012

Seguen as sentenzas en contra

Onte coñeciamos que o concello foi condenado a pagar 480.000 € a promotora dos chalets de Dorrón por conceder mal as licenzas.
O concello pretendía dar unha indemnización de 14.000 euros e a promotora pedía 900.000€. Pero unha cousa está clara si o concello ten que pagar 480.000 de indemnización CONCEDEU MAL ESAS LICENZA e inda así seguimos sin ver que se depuran responsabilidades, todos siguen amarrados a poltrona e sin dar a cara mentres cada día o concello sigue endebedandose maís.

E para desviar a atención vendennos a moto da paralización das obras do Boavista como si fose o máis extraordinario que están a facer, pero ese é o seu traballo paralizar as obras ilegais e si temos unha Xerencia de Urbanismo que nos supón moitos miles de euros ao ano está para facer que se cumplan as normas e non vendernos o seu traballo como si fosen " lo más de lo más" porque esa misma Xerencia con todos os seus cabecillas actuais e pasados: presidentes, xerentes, concelleiros de Urbanismo están a levar a Sanxenxo a quebra, porque nin eles mesmos son capaces de cuantificar as denuncias que pesan sobre Sanxenxo.



Las sentencias judiciales obligan a Sanxenxo a pagar ya 4,3 millones de euros a promotores


Las decisiones judiciales le están costado muy caras a las arcas municipales de Sanxenxo. De tener que acatarse, las dos últimas sentencias supondrán un desembolso de 4,3 millones de euros. La más cara es la de Monte Faro, que obligará a abonar 3,8 millones de euros a los promotores de esta urbanización. Los restantes 500.000 euros se corresponden con la indemnización que, según el TSXG, deberá cobrar Ferro Mesego por los chalés de Dorrón.
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no ha tenido en cuenta ninguno de los argumentos presentados por el Concello de Sanxenxo en el caso de los chalés de Dorrón. La sala argumenta que los informes de los peritos procesales tienen más validez que los de los técnicos municipales. Y estos consideran que las licencias municipales de estas viviendas fueron anuladas «por el error o desconocimiento del Concello respecto del cumplimiento de distancias mínimas a respetar con las proximidades del cementerio», argumenta. Estos mismos técnicos certifican que las cuatro viviendas se ubican en los lugares previstos en las licencias municipales y que el cementerio ampliado, en cambio, no figura en el PXOM «en el lugar donde realmente está construido».
Por eso el TSXG desestima el recurso y obliga a Sanxenxo a abonar 468.112 euros a la promotora de la obra, además de otros 1.800 euros de costas procesales. Si a esto se le suma el coste de la sentencia de Monte Faro, Sanxenxo deberá afrontar ya el pago de 4,3 millones de euros a dos promotoras inmobiliarios.



martes, 22 de mayo de 2012

Cachondeo???????????????

Parece ser que nos xulgados aparacen e desaparecen os informes das dilixencias como quen perde un anel e lle reza ao Santo das causas perdidas para atopalo:

Noticia do País

Un funcionario halla las diligencias contra Martín en un lugar ya rastreado

El fiscal pedirá diversas pruebas para decidir si el caso se remite al Supremo

 Vilagarcía de Arousa 21 MAY 2012 - 21:50 CET4

En un anaquel del archivo del juzgado número 2 de Cambados se encontraron las diligencias contra el exalcalde de Sanxenxo Telmo Martín desaparecidas de la sede judicial y que ya habían comenzado a reconstruirse. La causa se abrió en 2006 por delito ecológico contra la empresa Construziona Galicia, SL, promotora de la urbanización Illas Atlánticas de Portonovo, pero su investigación salpica ahora al actual diputado popular Telmo Martín por presuntas irregularidades en la venta y recalificación de los terrenos, hechos que se remontan a su etapa de regidor.
Las diligencias se dieron por perdidas en noviembre de 2011 y así se hizo constar en un informe de la fiscalía. El ministerio público ordenó su reconstrucción, un acto que se celebró el 9 de mayo en el juzgado en presencia de su nuevo titular, la secretaria y las partes. Pero la semana pasada un funcionario encontró los legajos que se habían buscado sin resultado por todos los rincones de las dependencias judiciales. “Estaban junto a otros asuntos, pero un poco escondidos”, comentaron ayer con ironía fuentes judiciales.


De la reconstrucción de las diligencias se pasará ahora a comprobar folio a folio que no falta ninguno de los más de 200 que componen la instrucción. Parte de ellos ya se habían recuperado a través del abogado de la acusación que representaba a la parte demandante, la Asociación de Vecinos San Cristóbal de Portonovo. El inesperado hallazgo permitirá la reactivación del caso antes de lo previsto.
El caso llevaba paralizado desde junio de 2009, cuando la Sección Cuarta de la Audiencia de Pontevedra revocó el auto del juez de Cambados que, a petición del fiscal, archivaba el asunto contra Construziona porque no apreciaba indicios de delito medioambiental, al entender que la urbanización no ocupaba el espacio de servidumbre del río Baltar como denunciaban los vecinos.

“Estaban un poco escondidos”, ironizan en el juzgado
La Sala dio la razón a los denunciantes en su recurso de apelación al auto de sobreseimiento en el que también pedían que se investigara si de la actuación de Telmo Martín “podían derivarse responsabilidades penales” como negociaciones prohibidas para funcionarios y/o tráfico de influencias. Los denunciantes se referían a la recalificación impulsada por el Ayuntamiento que presidía Martín de una parcela que posteriormente fue vendida por 2,78 millones de euros por parte de la promotora Construcuatro, de la  que el exalcalde de Sanxenxo tenía el 33% de las acciones.
Desde aquella fecha no consta ninguna nueva actuación en cumplimiento del dictamen de la Sala y el caso quedó en el olvido, constando como “terminado” en los ordenadores del juzgado. Hasta que se comprobó su extravío. Para entonces, el juez que había instruido la causa, Juan Carlos Carballal, ya había ascendido para ocupar una nueva plaza en los juzgados de Vigo, y el abogado de los vecinos, Vicente García Legísima, había salido elegido concejal del Ayuntamiento de Pontevedra por el BNG en las pasadas elecciones.
En estos tres años de paralización de las diligencias, el caso ha dado un giro. Telmo Martín salió elegido diputado en el Congreso en los comicios del pasado noviembre y se ha convertido en aforado, por lo que el juzgado de Cambados tendría que inhibirse en favor del Tribunal Supremo para que continúe la instrucción. El fiscal jefe de Pontevedra, Juan Carlos Aladro, adelantó ayer que se van a solicitar diversas pruebas documentales para comprobar si hay indicios de delito y decidir si se remite o no a Madrid.
También habrá que estudiar la posible prescripción de unos supuestos delitos que se remontan a 2004, cuando el gobierno municipal que presidía Telmo Martín recalificó el humedal al borde de la duna de Baltar, en Portonovo. Unos terrenos adquiridos como rústicos en primera línea de playa por la promotora del regidor, Construcuatro, que luego fueron vendidos a Construziona Galicia —empresa de la familia del exconselleiro José Cuiña— para levantar la urbanización y que motivó la apertura de las diligencias perdidas en Cambados.

domingo, 13 de mayo de 2012

Casualidades? Habelas hailas

Cando hoxe lín a seguinte nova no País tiven a confirmación que neste país os beneficiados son sempre os mesmos:


Desaparecen del juzgado las diligencias de un caso contra Telmo Martín

La investigación abarca una recalificación a favor del entonces alcalde de Sanxenxo

La denuncia vecinal incluye otro presunto delito contra el medio ambiente


Todo el soporte en papel de unas diligencias abiertas en 2006 en el juzgado número 2 de Cambados se ha esfumado. Son unos 200 folios de instrucción en torno a una denuncia de la Asociación de Vecinos San Cristóbal de Portonovo, en Sanxenxo, contra la construcción de una urbanización de pisos de lujo, Illas Atlánticas, que promovió la empresa Construziona Galicia, SL y que sustanció el Seprona en un informe preliminar.
La denuncia se había judicializado por un supuesto delito contra el medio ambiente por parte de Construziona, promotora vinculada a la familia del exconselleiro de Política Territorial, José Cuiña. Pero meses después, la acusación particular amplió la denuncia por hechos que aparecían en la misma causa y que podrían derivar en la imputación del ahora diputado en el Congreso del PP Telmo Martín por presunto delito de negociaciones prohibidas a funcionarios y/o tráfico de influencias cuando era alcalde de Sanxenxo. En el punto de mira está de nuevo la la empresa Construcuatro, de la que Martín poseía el 33% de las acciones, y que vendió los terrenos a la promotora Construziona por 2,78 millones.

La Audiencia impidió en 2009 que el juez cerrara el caso en falso
Desde junio de 2009 la causa sufrió un colapso. La absoluta paralización de las diligencias coincide en el tiempo con un auto de la Audiencia de Pontevedra en el que se revoca el archivo provisional que, a petición del fiscal, dictó el que fuera juez instructor, Juan Carlos Carballal y se le requiere que siga investigando, algo que no se hizo. Transcurridos tres años, las diligencias siguieron aparcadas, desoyendo las indicaciones de la Audiencia, sin que se hubiera registrado ninguna nueva actuación judicial. Pero lo más llamativo es que tampoco la parte denunciante representada por el abogado Vicente García Legísima presentó queja o reclamación por ello. El letrado salió elegido concejal por el BNG en Pontevedra en las pasadas elecciones.
Nadie sabe desde hace cuánto tiempo estas diligencias se encuentran en paradero desconocido. Hay constancia de que el fiscal del caso encargado de los delitos urbanísticos, David Lafuente, advirtió el extravío de la causa a finales del pasado año. Luego el juez Carballal fue trasladado a Vigo en marzo y tomó posesión el nuevo titular, que fue informado de lo que estaba ocurriendo. Se comprobó que ni un solo papel de todo lo instruido pudo ser recuperado y que los legajos, sorprendentemente, están perdidos.

El ahora diputado del PP recalificó su terreno y lo vendió por 2,78 millones
La desaparición del procedimiento ha causado perplejidad en medios judiciales y de la fiscalía de Pontevedra consultados y nadie se ha atrevido a dar una explicación convincente de por qué unos documentos que tendrían que estar custodiados en el juzgado han acabado en paradero desconocido. Un hecho insólito que cobra mayor relevancia al tratarse de un caso que podría salpicar a un político y con un largo historial por denuncias urbanísticas, algunas finalmente archivadas. Pero, además, la deriva que tomó el procedimiento en la fase de instrucción apunta a un absoluto desinterés de todas las partes pese a las inequívocas consignas que dio la Audiencia de Pontevedra para que a la investigación no se le diera carpetazo.
La denuncia que presentaron en el juzgado los vecinos consideraba ilegal la construcción el edificio Illas Atlánticas porque los terrenos ocupaban el espacio de servidumbre del río Baltar. El juez llegó a paralizar las obras dos meses a raíz del informe del Seprona, aunque en agosto de 2008 decidió archivar el caso y desestimar la apelación de los vecinos.

La promoción, de lujo, la ejecutó una empresa de la familia de José Cuiña
El juez instructor alegó que “de lo actuado no resultaba debidamente justificada la perpetración del delito contra los recursos naturales y el medio ambiente que había dado lugar a la formación de la causa”, una resolución que no cuestionó la Audiencia. Sin embargo, en su recurso de reforma el abogado de la acusación se quejó ante la Audiencia de que el archivo se había acordado sin que se les hubiese dado traslado de un informe de la Xunta y del resultado del exhorto remitido al juzgado de Vigo en el que se comunicaba que la bióloga designada como perito judicial no aceptaba el cargo. También alegó que el auto del juez desestimando el recurso de apelación no entraba a valorar un escrito presentado el 14 de diciembre de 2007 en el que se ponían en conocimiento del instructor y de la fiscalía “hechos nuevos de los que se tuvo noticia a través de las diligencias de instrucción que podrían derivar en responsabilidades penales” contra Martín y otras personas. Y ahí sí les dio la razón la Audiencia.
“Tiene razón la parte apelante al considerar que antes de dictarse el auto de sobreseimiento se le debió dar traslado de las últimas diligencias practicadas para que pudiera instruirse e interesar lo que a su derecho le conviniere, no compartiendo los argumentos de la resolución \[del juez\] debido a que la notificación de ésta, por fuerza, se tuvo que producir al menos simultáneamente a la del auto”, esgrime el 5 de junio de 2009 la Sección Segunda que preside el magistrado José Juan Barreiro Prado. La Sala considera que “se han infringido normas esenciales del procedimiento, derivándose de tal infracción una situación de indefensión para la parte denunciante”, y declara la nulidad de todo lo actuado a partir del auto de archivo del juez.
Pero además, y en relación al escrito presentado en el que se aportan nuevas pruebas, la Audiencia le requiere al juzgado que siga investigando “por si de los mismos se derivasen responsabilidades penales, delitos de naturaleza distinta a los que dieron lugar a la incoación de las diligencias y sobre las que no se pronuncia el juez instructor”.

Polémica recalificación y venta de terrenos

Siendo alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín recalificó un humedal al borde de la duna de Baltar, unos terrenos en primera línea de playa que su empresa adquirió como rústicos y que pudo revender luego como urbanizables a la empresa de la familia Cuiña. En ellos se levanta hoy la urbanización Illas Atlánticas, cuya construcción motivó la apertura de las diligencias perdidas en Cambados.
Por las fincas inscritas como rústicas Construcuatro pagó 595.000 euros. Una vez calificadas como suelo urbano, en 2004 la empresa del alcalde las vendió por 2,78 millones de euros a la constructora de Ramón y Eladio Cuiña, hermanos del exconselleiro, donde construyeron 96 viviendas. La parcela está inventariada en el catálogo de zonas húmedas de Galicia elaborado por la Consellería de Medio Ambiente y linda con los terrenos de la antigua fábrica de Conservas Peña, hoy también propiedad de Construziona y parte fundamental del solar de la urbanización.
La titularidad de los terrenos de la conservera Peña fue reclamada sin éxito en los tribunales por los vecinos. La finca pasó a manos de Conservas Portonovo, que en los noventa suscribió un convenio con el Ayuntamiento para recalificar el solar a condición de que instalaran la factoría en otra parcela y recuperaran a los trabajadores. Pero la empresa nunca cumplió su parte del trato.
En 1999 Telmo Martín accedió a la alcaldía de Sanxenxo y sucedió al frente de la agrupación local del PP a José Manuel Otero. Se inició la redacción del PXOM que finalmente recalificaría la parcela. Paralelamente, Construcuatro fue adquiriendo fincas junto a la conservera. Entonces, Otero, el antecesor de Martín al frente del PP, entró en el accionariado de la fábrica, amplió el objeto social de la empresa a la promoción inmobiliaria y se hizo con más suelo del que ahora ocupa la urbanización Illas Atlánticas. El asunto provocó una encendida pelea política que se cortó de cuajo. El entonces portavoz socialista, Pepe Aguín, presentó una moción para revocar la licencia municipal de Illas Atlánticas pero terminó retirándola para trabajar como gerente de Nauta, empresa municipal creada por Martín y que este presidió hasta que dejó la alcaldía.